ados a una universidad privada, así como desvió de recursos destinados a la educación.
En 2017, las auditorías arrojaron presuntos daños al erario por un total de 6 mil 327 millones de pesos, principalmente por mal uso en la aplicación de programas sociales, gastos no comprobados en el Programa de Apoyo a la Vivienda y falta de transparencia en la asignación de recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal.
En años posteriores, las irregularidades continuaron, con presuntos desvíos de recursos en programas de salud, educativos y de seguridad pública, así como contratación de servicios a empresas fantasma y falta de comprobación en el uso de recursos destinados a programas sociales.
Ante estas evidencias, la Fiscalía General del Estado de Michoacán ha iniciado una serie de investigaciones en contra de exfuncionarios del gobierno de Silvano Aureoles Conejo, buscando fincar responsabilidades por los presuntos daños al erario cometidos durante su administración. La población de Michoacán exige justicia y transparencia en el manejo de los recursos públicos, para evitar que hechos similares se repitan en el futuro.
