La revocación del estatus legal temporal de estos migrantes ha generado preocupación y críticas por parte de defensores de los derechos de los inmigrantes y de algunos líderes políticos. Se argumenta que esta decisión pone en riesgo la seguridad y el bienestar de estas personas, muchas de las cuales huyen de situaciones de violencia, persecución y miseria en sus países de origen.
El gobierno de Trump justifica esta medida como parte de su política de control de la migración y protección de la frontera. Se ha enfocado en promover la aplicación estricta de las leyes migratorias y en reducir la inmigración ilegal, argumentando que esto es necesario para proteger la seguridad nacional y la economía del país.
Sin embargo, los críticos sostienen que estas políticas son inhumanas y van en contra de los valores de Estados Unidos como una nación de inmigrantes. Instan al gobierno a reconsiderar su decisión y a buscar soluciones más humanitarias para abordar la crisis migratoria en la región.
