imo año fiscal. La propuesta ha generado controversia y críticas por parte de defensores de los inmigrantes y de organismos internacionales, quienes consideran que afectará negativamente a familias en el extranjero que dependen de las remesas para su sustento. También se ha cuestionado la legalidad y la ética de gravar transferencias de dinero que son legítimas y legales, ya que las remesas suelen ser utilizadas para cubrir gastos básicos, educación y salud de los beneficiarios en sus países de origen.
Los defensores de la medida argumentan que el impuesto a las remesas es una forma de controlar la inmigración ilegal y de aumentar los ingresos del gobierno. Afirman que los trabajadores indocumentados no contribuyen de manera justa al sistema fiscal y que gravar sus remesas es una forma de hacer que paguen su parte. Sin embargo, críticos aseguran que el impuesto es discriminatorio y afectará principalmente a los más vulnerables.
La propuesta de gravar las remesas de trabajadores indocumentados sigue generando debate y se espera que continúe siendo discutida en el Congreso en las próximas semanas. Mientras tanto, diversas organizaciones y activistas están trabajando para oponerse a la medida y proteger los derechos de los inmigrantes y sus familias.
