Además, la jueza ordenó el aseguramiento de los bienes, cuentas bancarias y cualquier otro activo de los acusados, con el fin de garantizar el pago de reparación del daño en caso de ser encontrados responsables. Asimismo, se les prohibió salir del país y comunicarse entre ellos o con terceras personas relacionadas con la investigación.
Estos ex funcionarios públicos son señalados de desviar recursos del erario público para beneficio personal y de realizar operaciones financieras fraudulentas para ocultar el origen ilícito de dichos fondos. La fiscalía presentó pruebas contundentes que sustentan los cargos en su contra, por lo que la jueza consideró necesario dictar la medida de prisión preventiva como medida precautoria.
La sociedad mexicana espera que la justicia se aplique con rigor en este caso y que los responsables de estos actos de corrupción sean castigados conforme a la ley. Es fundamental combatir la impunidad y garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera honesta y transparente en beneficio de todos los ciudadanos.
